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Redsag

2018-11-14

“Análisis de la situación del Programa de Agricultura Familiar"

Resumen de una Nota de análisis
Por: Byron Garoz y Ronnie Palacios[1]
Guatemala, octubre de 2018
 
1. Antecedentes
El presente documento constituye una nota de análisis sobre el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC) el cual se presenta como el “programa insignia” del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Con el PAFFEC el MAGA busca fortalecer su llegada al campo, venida a menos luego de los procesos de adelgazamiento del Estado y privatización impulsados en Guatemala desde 1986 y que alcanzaron su máxima expresión durante el gobierno del PAN (1996-2000).
 
En esos años se desmontó buena parte de la institucionalidad que permitía al Sector Público Agropecuario (SPA) atender a los pequeños productores rurales. La Dirección General de Servicios Agrícolas (DIGESA), la Dirección General de Servicios Pecuarios (DIGESEPE) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANDESA) desaparecieron o fueron privatizados, BANDESA pasó a ser el actual Banco de Desarrollo Rural S. A. (BANRURAL).
Prácticamente el MAGA definió como su población objetivo a los agricultores excedentarios y comerciales, dejando a los productores de infra subsistencia o de subsistencia a la acción de las ONG y otros prestadores de servicios.
 
Durante el gobierno de la UNE (2008-2012) la presión de movimientos campesinos e indígenas, así como una nueva ola de extensionismo rural proveniente de Suramérica e impulsado por organismos como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lograron que se dieran esfuerzos por “volver la mirada al campo” y fortalecer la acción del MAGA en cuanto al extensionismo rural. Se emite la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) y se llevan a cabo procesos de reingeniería en ese ministerio.
 
Durante el gobierno de la UNE surge el PAFFEC, el cual es retomado luego por el Partido Patriota (2012-2016), se presenta el PAFFEC como el instrumento que permitirá atender de mejor manera a casi 800 mil productores de infra subsistencia, subsistencia y excedentarios. Luego de una primera fase de ejecución en el período 2012-2015 se presenta el PAFFEC 2016-2020 ya con el gobierno del FCN, institucionalizándolo en mayor medida.
 
Este instrumento de política cuenta con una línea basal compuesta por 29 indicadores, de los cuales se hace un análisis en un apartado de esta nota.
Para el Estado guatemalteco es de primordial importancia recuperar el trabajo con los pequeños y medianos productores rurales. Fortalecer la agricultura familiar como elemento central de la economía campesina es fundamental para mejorar las condiciones de vida en las áreas rurales y, por extensión, de toda la población guatemalteca.
Los recursos financieros asignados al MAGA han venido disminuyendo, desde un 4% del presupuesto hasta casi un 2% actualmente. Es necesario dotarlo de mayores recursos dada la importancia y características de la población a quienes dirige su acción. Debe reconocerse que el servicio de extensionismo no es un gasto en personal, sino una inversión en formación, capacitación y organización comunitaria para la producción y la comercialización.
 
La institucionalidad pública debe tener coherencia e integralidad en sus acciones si pretende contribuir efectivamente al logro de sus objetivos, particularmente en cuanto mejorar las condiciones de vida en los territorios rurales. Esto es complicado si por otra parte se incentivan los monocultivos, desvío de ríos, minería a cielo abierto, organismos genéticamente modificados y otra serie de acciones que atentan contra la vida y derechos de comunidades indígenas y campesinas.
 
2. Objetivos
2.1 General
Formular y publicar cuatro notas de análisis, con el propósito de generar y sistematizar información actualizada e insumos para dar seguimiento, evaluar y proponer acciones e iniciativas que contribuyan a mejorar la implementación de políticas públicas, planes y programas destinados a la reducción de la desnutrición crónica, el derecho a la alimentación y la sostenibilidad alimentaria, la agricultura familiar, el desarrollo rural, y la economía campesina.
 
2.2 Específicos
Formular y publicar una nota de análisis sobre la implementación del Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC).
 
3. Metodología
Se realizó una exhaustiva búsqueda de documentación vinculada a la temática la cual fue analizada y sistematizada. Se solicitó información pertinente a través de la Ley de Acceso a la Información Pública y se realizó una entrevista con un informante clave:
 
4. Las políticas en las que se enmarca el PAFFEC
Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según el Decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, le corresponde “Atender los asuntos concernientes al régimen jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica, esta última en lo que le ataña”. Asimismo, aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional.
Entre las 10 funciones que en dicho instrumento legal le son asignadas, relacionadas a la agricultura familiar están, formular y ejecutar participativamente las políticas de desarrollo agropecuario, y de los recursos hidrobiológicos, formular la política de los servicios públicos agrícolas, pecuarios, Fito zoosanitarios y de los recursos hidrobiológicos, estos últimos en lo que le ataña, y administrar en forma descentralizada su ejecución y desarrollar mecanismos y procedimientos que contribuyan a la seguridad alimentaria de la población, velando por la calidad de los productos.
El PAFFEC y el Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER) a través del cual se ejecuta, constituyen los instrumentos principales de la política sectorial agropecuaria. Son medios con los cuales el MAGA contribuye a dar respuestas a la primera prioridad del eje “Guatemala Urbana y Rural” del Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032 y la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI). (MAGA, 2016)
Este Programa se justicia principalmente por el rezago que muestra el área rural del país en la mayoría de indicadores sociales, económicos, ambientales y de condiciones de vida expresados en las encuestas nacionales recientes y en el distanciamiento que en más de quince años, el MAGA mantuvo con relación al desarrollo rural integral y a uno de los sujetos productivos más importantes en el área rural, en particular la familia campesina. Esta situación impulsa al MAGA a adecuar su quehacer y metodología de trabajo a nivel territorial. Implica un proceso de fortalecimiento interno con enfoques innovadores, cambio de métodos, actualización tecnológica y cobertura territorial con controles de calidad. (MAGA, 2016)
El PAFFEC 2016-2020 es el programa “insignia” del MAGA. Con su ejecución buscan volver a la atención a los agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y comerciales.
 
5. Marco Legal y de políticas que orientan el PAFFEC
Conforman este marco legal y de políticas: el Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032, la Política General de Gobierno, la PNDRI, el Gran Plan Nacional Agropecuario 2016-2020 y la Agenda Rural 2016-2020; así como la Ley de Alimentación Escolar, Decreto No. 4944, recién aprobada por el Congreso de la República.
A continuación se resumen los aspectos relevantes de cada política, tomada como base para la conceptualización y formulación del PAFFEC.
· Plan de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032
· Políticas de Gobierno y prioridades presidenciales para el período 2016-2020
· Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
· Agenda Rural 2016-2020 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
· Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica (ENPDC)
· Gran Plan Nacional Agropecuario 2016-2020
· Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
· Ley de Alimentación Escolar
6. Los datos de contexto
Gráfica 1. Guatemala: Incidencia de pobreza extrema por área de residencia, en porcentaje
Fuente: ENCOVI 2000, 2006 y 2014, INE.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014, la pobreza en el país se ha acentuado con relación al año 2006. La pobreza extrema es 3 veces mayor en el área rural que en el área urbana; mientras que la pobreza extrema es 1.3 veces, habiéndose incrementado tanto en el área urbana como en el área rural.[2]
Gráfica 2. Guatemala: Incidencia de pobreza extrema por área de residencia, en porcentaje
Fuente: MAGA, 2016.
De acuerdo con la ENCOVI 2014, el total de hogares rurales se estimó en 1,530,782, alcanzando el 45.6% del total del país. Por cada hogar urbano en condiciones de pobreza extrema se corresponden casi 4 (3.7) hogares rurales. Por cada dos hogares en condiciones de pobreza en el área rural, hay un hogar en el área urbana.
La pobreza extrema es mayor en departamentos con mayoría de población indígena, siendo Alta Verapaz (53.6% de pobreza extrema), Chiquimula (41.1%), Quiché (41.8%), Totonicapán (41.1%) y Sololá 39.9% los más afectados, como se muestra en el siguiente mapa:
Mapa 1. Incidencia de pobreza extrema por departamento, en porcentaje
Fuente: INE, 2014.
7. Características de los habitantes del área rural
En Guatemala se vive un proceso permanente de reducción del tamaño de las fincas y un aumento del número de propietarios de las mismas, particularmente en fincas menores a 10 manzanas (Cuadro 1).
Los datos muestran un proceso de reducción que está afectando con mayor relevancia a las fincas con el tamaño comprendido entre una manzana y una caballería, a favor de fincas de tamaño menor a una manzana; por ejemplo, se observa que en el año 1979 los propietarios con menos de una manzana eran el 31.4%, mientras que en 2003 pasaron a 45.2%. (MAGA, 2016)
Cuadro 1. Comparación intercensal del número y superficie de fincas por tamaño. Años 1979 y 2003.
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. Tomo I. INE, Guatemala, enero de 2004.

8. Caracterización de la economía campesina y la relevancia de la agricultura familiar

De acuerdo a la PNDRI, la finalidad del desarrollo rural es el avance progresivo y permanente de la calidad de vida de los habitantes de los territorios, a través del acceso equitativo y uso sostenible de los recursos productivos, medios de producción, bienes naturales y servicios ambientales, así como las oportunidades de emprendimiento y empleo digno para alcanzar el desarrollo humano (integral sostenible) en el área rural.
La economía campesina tiene roles importantes de contribución al desarrollo por la cantidad de población involucrada, la ocupación de la Población Económicamente Activa (PEA) agrícola, en actividades agrícolas y no agrícolas y por la producción de alimentos, entre otros. La agricultura familiar es una de las actividades importantes en el desarrollo rural y la economía campesina, tal como se observa en la siguiente figura.
Figura 1. Relación entre desarrollo rural, economía campesina y agricultura familia
Fuente: MAGA, 2016.
El PAFFEC define a la Economía campesina como “El conjunto sistemático de estrategias y actividades que la familia y la comunidad rural desarrollan para lograr satisfacer sus necesidades vitales, materiales y espirituales, en función de alcanzar una vida digna, en armonía con el territorio y el ambiente con los que conviven; siendo tres sus características fundamentales: El trabajo familiar y la producción de sus propios alimentos y el rol central de la mujer en la reproducción y fortalecimiento del sistema. La economía campesina es poli-activa y sus expresiones varían de región en región, determinadas por elementos socioculturales y por los factores físicos del entorno. Es una economía dinámica en las relaciones y vínculos con el mercado, las instituciones públicas y entre comunidades. Derivado de lo anterior, se entiende la economía campesina desde tres enfoques, el familiar o humano, como unidad productiva y como sistema de producción.” (MAGA, 2016)
La Agricultura Familiar forma parte de la economía campesina y se define como: La interacción de una familia con la naturaleza, en donde se desarrollan procesos productivos agrícolas sustentables con base en sus saberes ancestrales, recursos locales e innovaciones tecnológicas para el sustento de la vida. Se desarrolla en unidades productivas familiares, dirigida a contribuir a satisfacer las necesidades básicas de sus miembros y comunidades. Tiene como principios la solidaridad, el respeto al ejercicio de derechos, el reconocimiento y aporte de cada miembro de la familia, el intercambio y el equilibrio con la naturaleza y la economía campesina. Los procesos productivos sustentables que forman parte del concepto operativo de agricultura familiar son los siguientes: Agricultura, acuicultura y pesca artesanal, artesanía y agroturismo, forestal, pecuario. (MAGA, 2016)
9. Criterios que caracterizan la Agricultura Familiar
· El grupo familiar radica en la unidad productiva a una distancia que le permita movilizarse todos los días.
· La fuerza de trabajo es predominantemente familiar, sin limitar el ejercicio de derechos de sus miembros, pudiendo contratar en forma temporal fuerza de trabajo para actividades complementarias.
· Gestión de la unidad productiva a cargo de un miembro de la familia, que generalmente es el padre o la madre.
· El 75% del ingreso proviene de la unidad productiva familiar,
· Practican agricultura familiar de pequeña escala en tierras arrendadas, propias, sin certeza jurídica y con limitaciones agrícolas.
Por su parte, un estudio elaborado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), plantea que la Agricultura Familiar se caracteriza por:
· Prevalencia de los sistemas de producción con cultivos asociados.
· Marcado respeto a las tradiciones y costumbres en el proceso productivo.
· Producción agrícola en secano.
· Tecnología tradicional.
· Uso de herramientas y equipos manuales.
· Involucramiento familiar en todas las actividades productivas. (IICA, 2016)
Ese documento identifica como los principales problemas de exclusión en la Agricultura Familiar:
· Limitado acceso al recurso tierra.
· Acceso limitado a infraestructura productiva, Ej, riego.
· Limitada disponibilidad de financiamiento blando, principalmente a mujeres.
· ­­­Falta asesoría técnica y capacitación en regiones aisladas y en idiomas locales.
· Limitado acceso a mercados competitivos.
· Insuficientes programas de educación alimentaria.
· Faltan oportunidades de empleo local.
· Insuficientes incentivos para la producción y el consumo de alimentos.
· Falta información sobre precios y mercados.
· Politización de incentivos a la producción y el consumo,
· Carencia de programas de desarrollo para jóvenes.
· Limitadas oportunidades en la formulación de propuestas de políticas, programas y planes de desarrollo productivo.
· Apoyo insuficiente para el impulso a la organización productiva rural. (IICA, 2016)
 
Tipología de los agricultores
Agricultores de infrasubsistencia: Estos agricultores cubren las necesidades familiares de alimento (sobre todo maíz y frijol) trabajando sus pequeñas parcelas de tierra. Complementan lo que producen con la compra en el mercado gracias a los ingresos generados por su fuerza de trabajo.
Agricultores de subsistencia: Logran abastecer las necesidades de alimento familiar (maíz, frijol y sorgo) cultivando sus pequeñas parcelas de terreno.
Agricultores excedentarios: Producen cantidades suficientes para los requerimientos familiares y destinan al mercado los excedente.
Agricultores comerciales: Destinan la producción de sus parcelas para la comercialización.
Fuente: MAGA, 2017.
 
De acuerdo a datos del PAFFEC la caracterización de los hogares agropecuarios de acuerdo a su sistema productivo son los siguientes:
10. Metas Estratégicas del PAFFEC 2016-2020
El PAFFEC se propone contribuir con la meta nacional de disminuir la prevalencia de la desnutrición crónica en niñas y niños menores de dos años en 10% para el año 2020; también al Resultado Estratégico de País: “Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019” y a reducir la pobreza general, a través de mejorar, diversificar y consolidar la agricultura familiar para fortalecer la economía campesina, dando prioridad a los hogares agropecuarios con incidencia de pobreza y pobreza extrema en todo el país.
Para alcanzar las anteriores metas el PAFFEC atenderá a un estimado de casi 800 mil familias en el largo plazo. Durante los cuatro años establecidos en esta fase atenderá a 250 mil familias, 31.5% del total basados en “los procesos de articulación de actores institucionales en los territorios y modalidades de intervención, incrementando la eficiencia y de una aplicación más efectiva de la metodología ´Campesino a campesino´”. (MAGA, 2016)
Para el logro de la meta establecida se han definido tres ejes estratégicos de acción.
 
Cuadro 4. Matriz de planificación del PAFFEC 2016-2020
Fuente: MAGA, 2016.
 
Conclusiones y recomendaciones
Para el Estado guatemalteco es de primordial importancia recuperar el trabajo con los pequeños y medianos productores rurales. Fortalecer la agricultura familiar como elemento central de la economía campesina es fundamental para mejorar las condiciones de vida en las áreas rurales y, por extensión, de toda la población guatemalteca.
Son de sobra conocidas las prácticas clientelares y partidarias de la institucionalidad pública, tanto en la prestación de servicios como en la contratación de personal, algo que quiere evitarse con la contratación estable de los extensionistas agrícolas. Avanzar en esa dirección será favorable para el MAGA.
 
Los recursos financieros asignados al MAGA han venido disminuyendo, desde un 4% del presupuesto hasta casi un 2% actualmente. Es necesario dotarlo de mayores recursos dada la importancia y características de la población a quienes dirige su acción. Debe reconocerse que el servicio de extensionismo no es un gasto en personal, sino una inversión en formación, capacitación y organización comunitaria para la producción y la comercialización.
 
EL PAFFEC debería ser fortalecido en cuanto a su institucionalidad y permanencia en el tiempo para evitar que esté a merced de voluntades dependientes de los gobiernos de turno.
La institucionalidad pública debe tener coherencia e integralidad en sus acciones si pretende contribuir efectivamente al logro de sus objetivos, particularmente en cuanto mejorar las condiciones de vida en los territorios rurales. Esto es complicado si por otra parte se incentivan los monocultivos, desvío de ríos, minería a cielo abierto, organismos genéticamente modificados y otra serie de acciones que atentan contra la vida y derechos de comunidades indígenas y campesinas.
 
Referencias
Centro para el Desarrollo Rural (CEDER). (2014). Línea Base del PAFFEC en los 166 municipios priorizados. Informe de Consultoría. Guatemala: CEDER.
Chávez, R. (30 de Mayo de 2018). Secretario de la Comisión Técnica del PAFFEC. (B. Garoz, Entrevistador)
CONADUR/SEGEPLAN. (2014). Plan Nacional de Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala 2032. Guatemala: Serviprensa.
Gobierno de la República de Guatemala. (2009). Política Nacional de Desarrollo Rural Integral. Guatemala: Gobierno de la República de Guatemala.
IICA. (2016). Lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la Agricultura Familiar y la inclusión en Guatemala. Guatemala: IICA.
INE. (2014). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Guatemala: Gobierno de la República de Guatemala.
MAGA. (2016). Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, PAFFEC 2016-2020. Guatemala: Gobierno de la República de Guatemala.
MAGA. (2017). Informe de Avances para la Implemantación del PAFFEC 2015-2016. Guatemala: Gobierno de la República de Guatemala.
Unión Europea. (2015). Addendum No. 1 al Convenio de Financiamiento entre la Unión Europea y la República de Guatemala, apoyo presupuestario al PAFFEC (AP-PAFFEC. Bruselas.
 
[1] Byron Garoz, Sociólogo, USAC, miembro del Colectivo de Estudios Rurales Ixim. Ronnie Palacios, Ingeniero Agrónomo, USAC, miembro de la Red en Defensa de la Soberanía Alimentaria de Guatemala (REDSAG). Miembros de OSSANDRI.
 
[2] La “pobreza extrema”, es la relación porcentual entre la población que no alcanza el nivel de consumo de la línea de pobreza y la población total; mientras que la “pobreza no extrema”, es la relación porcentual entre la población que supera la línea de pobreza extrema pero no alcanza la línea de pobreza general y la población total. La “no pobreza” es la relación porcentual entra la población que supera la línea de pobreza general y la población total. La “pobreza general”, es la suma de la pobreza extrema y la pobreza no extrema”. (MAGA 2016).

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2018-11-12

Nota de análisis: Política Nacional de Desarrollo Rural Integral.

Investigador: Ingeniero Ronnie Daniel Palacios Mérida
La presente nota de análisis fue coordinad por el ingeniero Ronnie Daniel Palacios Mérida y José Luis Siguil López. En el equipo participaron como consultores/as – investigadores/as: Ronnie Palacios, José Luis Siguil y Garazi Calle.
La investigación se realizó en el marco del Convenio de Cooperación entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Delegación de la Unión Europea en Guatemala, bajo el contrato de servicios para el Monitoreo Social del Programa de Apoyo Presupuestario al Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina en Guatemala, (MSPAFFEC).
® Todos los derechos reservados.
Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de Guatemala.
RESUMEN EJECUTIVO
 
1. Breve recorrido por los enfoques sobre desarrollo rural
Para efectos de la presente Nota de Análisis, sobre Desarrollo Rural Integral, se considera necesario realizar un acercamiento a los conceptos de Desarrollo y Ruralidad desde diferentes enfoques que nos permitan aterrizar con mayor precisión. A continuación, nos permitimos presentar lo mas desatacados conceptos.
El desarrollo es un concepto que ha ido evolucionando y cambiando, integrando conceptos e indicadores nuevos. Aun así, el desarrollo sigue en gran medida entendiéndose y midiéndose, desde un enfoque extremadamente economicista, según el crecimiento económico nacional, es decir, según el Producto Interior Bruto per cápita (PIB/pc) de los países, a pesar de esto, existen muchos otros enfoques teóricos sobre el desarrollo.
El concepto de desarrollo rural integral que utiliza la PNDRI. Existe una necesidad de implantar un sistema, una institucionalidad y unas políticas estatales específicas sobre desarrollo rural que se han hecho visibles, en Guatemala, por las luchas de las organizaciones campesinas “en contra del hambre y la miseria que se vive en el campo” (Arrazola, 2012)
Aunque la política no de una definición específica del término de desarrollo rural integral, viendo el objetivo general de la política se pueden entender sus enfoques. El objetivo general es el siguiente:
“Lograr un avance progresivo y permanente en la calidad de vida de los sujetos priorizados en la presente Política Nacional de Desarrollo Rural Integral y, en general, de los habitantes de los territorios rurales, a través del acceso equitativo y uso sostenible de los recursos productivos, medios de producción, bienes naturales y servicios ambientales, para alcanzar el desarrollo humano integral sostenible en el área rural” (Gobierno de Guatemala, 2009)
 
2. Antecedentes de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral -PNDRI-
2.1. Los Acuerdos de Paz
Después de 36 años de conflicto armado interno en Guatemala, el 29 de diciembre de 1996, se firmaron los Acuerdos de Paz Firme y Duradera entre la organización Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala -URNG- y el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen. Con estos acuerdos se pretendía dar por finalizada la etapa de represión, violencia, exclusión, desigualdades y violaciones sistemáticas de los derechos humanos por la que había pasado Guatemala.
En ese contexto llega la firma de los Acuerdos de Paz, entre los que se encuentra el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. En el que se estipula lo siguiente:
“La transformación de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la tierra constituya para quienes la trabajan, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad” (Capítulo III, Art. 27).
Al igual que en este, en el acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, y en el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas también se hace referencia a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas a la posesión de tierras. Pero este ámbito ha sido uno de los temas que menos grado de cumplimiento ha tenido desde que se firmaron los acuerdos.
 
2.2. La PNDRI
Estos procesos culminaron en la elaboración de una nueva política para el Desarrollo Rural Integral en Guatemala, una política consensuada por una multiplicidad de actores representantes de las comunidades indígenas y campesinas, y el Estado. La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral -PNDRI- se aprobó en 2009, con el acuerdo gubernativo 196-2009, pero nunca se llegó a implementar.
La PNDRI (2009: 3) pone de manifiesto la “significativa importancia que tiene el ámbito de lo rural” en la sociedad guatemalteca, y la incidencia que tiene la crisis financiera global en el deterioro de las condiciones de vida de la población rural de Guatemala. Por ello, establece que es de vital importancia el “incremento sustancial de la inversión pública dirigida a fortalecer las capacidades productivas de los sujetos de la presente política” para revertir la situación.
Por lo tanto, se establece la necesidad de la creación de una política de desarrollo rural integral, que haga frente a todas estas problemáticas del ámbito rural y desarrolle un sistema más justo. A pesar de que la PNDRI fue un proceso consensuado, en él no participaron los grandes terratenientes del país, por lo que obstaculizaron continuamente, su implementación. Para ello se interpuso un recurso de anticonstitucionalidad, alegando falta de respeto por la propiedad privada (Arrazola, 2012).
 
2.3. El plan para adecuar y activar la PNDRI
Como se ha mencionado anteriormente, la PNDRI del gobierno de Colom no llega a implementarse, y Otto Pérez Molina (2012-2015) toma el relevo del desarrollo rural integral. En su discurso de investidura, el nuevo presidente, hace mención a la seguridad alimentaria, dentro del concepto de seguridad integral que pretende aplicar en Guatemala,
“(…) deseo ampliarles el término al ámbito de seguridad integral que comprenda los aspectos de seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad comunitaria, pero en un todo integrado con la seguridad alimentaria y nutricional que responda a las necesidades de todos los guatemaltecos, en ese sentido el derecho a la vida como parte de los derechos humanos fundamentales, serán una prioridad porque en Guatemala, igual se mueren víctimas de la violencia homicida como por hambre, miseria y desnutrición” (Pérez Molina, 2012)
Así Otto Pérez Molina, quiso, en su mandato, conseguir una política de desarrollo rural integral que convenciera, tanto a campesinado como a terratenientes. Por ello, nombra a Adrián Zapata, antiguo jefe político de la guerrilla, Comisionado Presidencial para el Desarrollo Rural quien diseñaría la arquitectura para un modelo Nacional de Desarrollo Rural.
3. El sujeto priorizado de la PNDRI
El sujeto priorizado de la PNDRI, hace referencia a la población que va a ser beneficiaria de la política, a su vez, hace referencia al sujeto económico, y también al rol promotor del Estado. El sujeto priorizado de la PNDRI está definido de la siguiente manera:
“La población rural en situación de pobreza y extrema pobreza[1], con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales; micro y pequeños empresarios rurales. La economía rural, indígena y campesina, se constituye por lo tanto en el sujeto económico que, contando con el rol rector del Estado en la presente Política y su acción como promotor del Desarrollo Rural Integral, se constituirá en un actor fundamental del desarrollo rural, entendiendo éste como el desarrollo humano Integral de las poblaciones que habitan en esos territorios” (Gobierno de Guatemala, 2009)
Finalmente, el sujeto priorizado de la PNDRI también le hace referencia al sujeto económico, que es la economía campesina, que en el Plan para Implementar la PNDRI se define como:
“El conjunto sistemático de estrategias y actividades que la familia y la comunidad rural desarrollan para lograr satisfacer sus necesidades vitales materiales y espirituales, en función de alcanzar una vida digna, en armonía con el territorio y el ambiente con los que conviven; siendo tres de sus características fundamentales: el trabajo familiar, la producción de sus propios alimentos y el rol central de la mujer en la reproducción y fortalecimiento del sistema” (Gobierno de Guatemala, 2014)
 
4. Desarrollo rural como demanda histórica del sector campesino indígena de Guatemala
Los Acuerdos de Paz, crean un nuevo marco de relación a partir de la exigencias y demandas históricas reflejadas en ellos, particular del Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria que crean una nueva institucionalidad como la Secretaría de Asuntos Agrarios y Fondo de Tierras, sin embargo, el bajo nivel de cumplimiento de este acuerdo genera presión por las condiciones de marginación y exclusión social con que se mantiene la ruralidad, los principales indicadores sociales lo confirman, así como la planificación y carga presupuestaria destinada al desarrollo rural.
Las organizaciones campesinas agrupadas en instancias como la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas – CNOC y otras instancias sociales se organizan para promover una Ley de Desarrollo Rural Integral que responda a las demandas históricas del campesinado, sin embargo, dichas iniciativas de ley poco han avanzado en el Congreso de la Republica dado que se han topado con la falta de voluntad política, el escaso consenso de los partidos políticos y los intereses de grupos de presión particularmente el del sector empresarial, como la Cámara del Agro, y de manera más amplia el mismo CACIF.
Después de muchos intentos por impulsar la Ley DRI y la búsqueda de consensos y mecanismos de diálogo, se logra en la Administración del presidente Álvaro Colom en el 2009 la aprobación por Decreto Gubernativo de la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDRI) que si bien no recoge todos los elementos de la demanda histórica, si es un paso importante para destrabar el proceso de Desarrollo Rural Integral.
 
5. Hallazgos de implementación de la PNDRI
La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) ha tenido un largo proceso de implementación, que se ha visto entorpecido tanto por la falta de recursos financieros y espacios presupuestarios, así como por una lenta implementación de su institucionalidad determinada por la misma política como lo es la integración del Gabinete DRI y su secretaría técnica. El primer hallazgo importante es su lenta implementación. Partimos que la Política fue aprobada en el 2009 y es hasta el año 2012 que se implementa un plan para adecuar y activar la PNDRI, es hasta el año 2015 donde se asignan recursos financieros en varios de los ministerios vinculados al DRI, principalmente al MAGA en su programa estrella PAFFEC.
Dentro de los objetivos específicos de la PNDRI se plantea que debe fortalecer el estado democrático, de manera descentralizada, de derecho y multicultural, para superar el racismo y la discriminación, así como promover la participación social sin embargo, la realidad es bastante distinta, los integrantes del Gabinete DRI y la misma institucionalidad creada a partir del Acuerdo Gubernativo, se encuentra totalmente centralizada y concentrada en la Capital de la Republica por lo que no existen instancias descentralizadas a nivel municipal, departamental o regional, por lo que es imposible agregar o disgregar la información de ejecución en DRI a nivel territorial. Adicionalmente no se ha logrado implementar la participación social más allá de un espacio de consulta con las organizaciones que algunas participaron o fueron consultadas para la validación de la PNDRI.
En cuanto al modelo económico, social y ambiental en el ámbito rural y el acceso a medios de producción para los sujetos priorizados de la política, la situación es aún más grave dado que los indicadores sociales vinculados al Desarrollo Rural han evidenciado una variación poco significativa, y en algunos indicadores se ha retrocedido según lo evidencia el Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 2016) así como el Informe País sobre el cumplimiento de la Agenda 20-30 de los Objetivos Desarrollo Sostenibles del año 2017, que además se concreta en presentar información parcial, esto evidentemente se debe a que no existe un codificador especifico de gasto DRI, lo que imposibilita tener información sistematizada del gasto ministerial y de secretarias del Gabinete DRI directamente vinculado a este apartado.
La imposibilidad de contar con tierra por parte de campesinos e indígenas ha elevado la conflictividad agraria, sumado a una creciente depredación y despojo por parte de empresas transnacionales solo en los últimos 2 años se contabilizan más de 700 conflictos por tema de tierra y recursos, un ejemplo muy evidente de ello lo constituye la conflictividad del Valle del Polochic (Granados, 2018).
Otro medio de producción invalidado es el crédito rural, pues, aunque existe técnicamente recursos destinados a la producción agrícola y pecuario tanto en el MAGA como en el Ministerio de Economía, estos son muy difíciles de acceder tanto de manera individual como colectiva por parte de los sujetos priorizados (Granados, 2018)
Las demandas por acceso a la tierra y al crédito en condiciones aceptables ha generado la rearticulación de las organizaciones campesinas, que han generado grandes manifestaciones, cierre de carreteras y caminatas, la cuales a pesar de haber sido recibidas por comisiones de alto nivel no han logrado resolver este histórico problema. (Hernández, 2015)
La implementación del PAFFEC como programa insignia dentro del MAGA para la promoción de la economía campesina ha supuesto la principal acción de Desarrollo Rural de cara a la implementación de la PNDRI, para este tema el sujeto priorizado es compartido, así como las prioridades sectoriales y territoriales que se basan en 66 municipios de 4 departamentos. En la implementación del PAFFEC han intervenido dos viceministerios de MAGA en coordinación con SESAN y MIDES.
La implementación no se realiza de manera integrada a falta de un solo plan operativo, sino que cada institución vela por los resultados y productos con que cuenta a manera institucional, no existe espacios de concertación o coordinación de carácter operativa. De cara a la financiación cada ministerio o secretaria de estado cuenta con su presupuesto institucional y por lo tanto no hay integración presupuestaria de ejecución.
 
5.1. Hallazgos relativos a los presupuestos generales del Estado, en materia de desarrollo rural.
Como se ha visto anteriormente, la PNDRI, es una política, una hoja de ruta para tratar el tema del desarrollo rural integral. Por eso, su institucionalización no es ni tan coordinada, ni tan coherente como se podría esperar. El hecho de que el Gabinete Específico para el Desarrollo Rural Integral esté formado por tantos Ministerios diferentes, y varias Secretarías hace que la coordinación y la coherencia sean difíciles de mantener, así como la continuidad de una política que, al no tener institucionalidad propia, sufre los cambios de personal de cualquiera de los Ministerios que la atienden; por si esto fuera poco, las partidas presupuestarias relativas al desarrollo rural integral están, también, divididas entre los diferentes Ministerios y Secretarías. Esto repercute, otra vez, en la coordinación y coherencia de la política, así como en su continuidad.
Los datos adquiridos vienen de seis Ministerios y tres Secretarías, a saber: el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Economía (MINECO), el Ministerio de Educación (MINEDUC), el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).
Figura No.1. Cantidad ejecutada por ministerio
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sicoin
Al centrase en el análisis específico de cada ministerio, se ha podido observar que el MAGA, atiende al Sujeto Priorizado, la economía campesina, únicamente a partir del año 2015, año en el que inició a implementarse la PNDRI. Aun así, no es hasta 2017 que se ejecutó la partida. En 2015 y 2016, la cantidad presupuestada a la partida correspondiente a la economía campesina, fue de Q.0 (SICOIN, 2018).
En 2017, en cambio, la asignación es la mayor de todas las partidas presupuestarias relativas al desarrollo rural del MAGA, con 240 millones, más de la mitad del total del presupuesto devengado. Se hace necesario resaltar la diferencia entre el presupuesto asignado para el desarrollo rural del MAGA y la cantidad final devengada, prácticamente cuatro veces mayor. Así, del total de los 1.500 millones de quetzales devengados para el MAGA en 2017, 447 millones, un tercio se dedicaron finalmente al desarrollo rural, un porcentaje mucho mayor al de años anteriores. Esto se puede observar en los siguientes gráficos, desde el 2013 al 2017, la cantidad asignada al MAGA ha descendido notablemente, mientras que la cantidad devengada ha ido ascendiendo, tanto, que en 2016 y 2017 llegaba a ser superior a la cantidad asignada.
El Plan de Implementación de la PNDRI contempla, dentro de una de sus líneas estratégicas, la del “camino de la inclusión social”, la educación como herramienta. En ella se centran, como intervenciones necesarias, implementar la educación bilingüe intercultural como un modelo integral, responder a las necesidades de cobertura y calidad, fortalecer el enfoque de destrezas para el trabajo para la educación de jóvenes iniciando en el ciclo básico, Pacto Hambre Cero "Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Escuela", con enfoque de Escuelas Saludables y el Programa de Atención a la Infraestructura Educativa, tomando en cuenta la adaptación al cambio climático (infraestructura menos vulnerable, amigable con el ambiente). También, y como intervención especial, contempla elevar la cobertura del nivel secundario, para superar la brecha existente desde el nivel primario” (Plan-PNDRI, 2015).
 
6. Recomendaciones
Para la facilitación y orientación de las recomendaciones realizadas se define el destinatario institucional responsable u obligado según su rol de atender dichas recomendaciones.
Gobierno de la Republica / Organismo Ejecutivo
- En cuanto a los órganos ejecutores, aflora la necesidad de descentralización y desconcentración de competencias, ya que el Gabinete del DRI cuenta únicamente con las cabezas de los ministerios y secretarías. Por eso se hace necesaria una descentralización de los órganos de decisión que puedan coordinarse entre sí para poder darle seguimiento a las especificidades territoriales, ya sean culturales, ambientales, demográficas, etc.
- Debido a que la estrategia de priorización y focalización no obtiene los resultados esperados en los territorios priorizados, y a su vez, los territorios no priorizados empeoran. Se ve de imperativa importancia impulsar una partida mínima nacional en el ámbito del desarrollo rural integral.
- Los indicadores de medición de la PNDRI, tanto a nivel sectorial como territorial no están implementados, y eso provoca que cada ministerio o secretaría esté midiendo el avance de la política según sus propios parámetros. Por esta razón, es necesaria la creación de una unidad integradora y de coordinación, una unidad que haga monitoreo y evaluación, de manera que se proporcione información coherente, sistematizada y útil.
- Asimismo, siguiendo con el tema de la información, es necesario definir y codificar específicamente, las acciones y partidas presupuestarias para el desarrollo rural integral, para poder así identificar las acciones e inversiones del DRI en los territorios. Dentro del sistema nacional de desarrollo urbano y rural, habría que asignarle al Sistema de Consejos de Desarrollo y su presupuesto, una codificación específica de Desarrollo Rural Integral para poder identificar las acciones del DRI en los territorios.
- En el ámbito de los servicios básicos, hay un evidente déficit de alcance y cobertura en el área rural. Por eso, es urgente llevar a cabo una reorientación presupuestaria para ampliar los recursos en servicios de agua, saneamiento, salud o educación entre otros.
- Otro espacio en el que es necesaria la ampliación de recursos es en el Fondo de Tierras, ya que está en un momento de estancamiento. Ante la inmovilidad existente en la provisión de tierras al campesinado, a las personas productoras, es de vital importancia generar inversión pública en este ámbito para facilitar el acceso a la tierra y su uso al campesinado.
- El Desarrollo Rural Integral debe ir acompañado de políticas de pertinencia cultural, para que el concepto de Desarrollo Rural pueda ser integrado y tenga una mayor aceptación entre la población de esta área. También deben aplicarse estas políticas porque la cultura de muchos de los Pueblos que conviven en el área rural ha sido sistemáticamente ignorada.
- Debido a la desigualdad que vive Guatemala y su entorno rural en materia de género, es de importancia identificar y fortalecer las políticas de promoción de oportunidades para las mujeres del área rural.
- A su vez, para conseguir identificar las acciones de desarrollo rural que estén vinculadas a la problemática de la desigualdad de género, es necesaria la implementación del codificador de género en las acciones de desarrollo rural para así poder identificarlas y tener una mayor idea de cuáles son las acciones en el desarrollo rural que avances en contra de la desigualdad de género.
- También se hace énfasis en el eje de la juventud. Debido al hecho de que son el segmento poblacional mayoritario, y el mayor sector de población de la PEA rural, es imperativo que se lleven a cabo ejes de trabajo orientados a ese sector.
Gobierno de la República / Organismo Legislativo
- En el marco de las atribuciones del Congreso de la Republica en cuanto a su función de legislar es necesario el consenso y apoyo político para la creación de una ley nacional sobre el desarrollo rural integral, para que se le pueda proporcionar una institucionalidad y especificidad presupuestaria, ya que al carecer de ellas se ha hecho evidente su ineficacia e ineficiencia.
- Por el orden jerárquico de las leyes y reglamentos, se deberá realizar un derogación y posterior aprobación y publicación de un reglamento que corresponda de manera directa a una Ley de Desarrollo Rural Integral alcanza en el marco de consenso y aprobado para robustecer su espíritu y operatividad.
- El proceso de aprobación de una ley DRI, pasa por realizar una amplia consulta en búsqueda de consensos nacionales con los sectores implicados y particularmente el sujeto priorizado.
Organizaciones de la Sociedad Civil
- Las organizaciones de Sociedad Civil deben mantener el proceso de auditoria y monitoreo social de la implementación de la PNDRI, creando mecanismos organizativos de ámbito nacional y con una amplia participación de sectores sociales.
- Promover la consulta informada a la comunidades y pueblos indígenas donde se implemente la PNDRI en claro cumplimiento al convenio 169 de la OIT, que establece que debe realizarse una consulta informa cuando exista una intervención que pueda afectar o tener impacto en los territorios de pueblos indígenas.
- Mantener una observancia y realizar proceso de información a la implementación, efectos e impacto de la política de cara a proponer de manera oportuna cambios de orientación y/o rectificación a la institucionalidad.
- Realización de estudios, informes, líneas de base y otros medios de evaluación, monitoreo y auditoria para generar opinión técnica como herramienta fundamental en el posicionamiento político sobre Desarrollo Rural
- Ser un vinculo dinámico en la relación con las comunidades y pueblos indígenas, colectivos y sectores sociales identificados con el sujeto priorizado de la PNDRI para articular planteamientos políticos con un soporte técnico y político común con las organizaciones de la sociedad civil.
Cooperación Internacional
- Continuar con el proceso de apoyo financiero para la implementación de la PNDRI, en un marco amplio de cooperación bilateral, multilateral, descentralizada y directa, que eficiente la ayuda y que permite involucrar un mayor numero de actores del desarrollo en consonancia con el ODS 17.
- Apoyar las iniciativas de la sociedad civil en el proceso de Monitoreo Social de los programas centrales de la PNDRI, tales como el PAFFEC creando espacios de dialogo político e intercambio con el fin de mejorar y eficientar la ayuda.
- Apoyar la realización de estudios, evaluaciones y procesos investigativos sobre la implementación y alcances de la PNDRI y posterior publicación de estos para mantener una ciudadanía activa e informada.
- Incluir en el proceso de dialogo de alto nivel con el Gobierno de Guatemala la agenda de compromisos de Desarrollo Rural Integral como un elemento clave para un desarrollo incluyente, integral y coherente con la agenda 2030 y los ODS.
Universidad de San Carlos de Guatemala
- Promover los procesos de investigación académica, técnica y científica de evaluación y monitoreo de los alcances, profundidad e implementación del PAFFEC y de la PNDRI de manera general.
- Facilitar en coordinación con la Sociedad Civil el proceso de investigación y monitoreo de la PNDRI y promover la difusión de los resultados y hallazgos a la población en general.
- Facilitar la capacidad de propuesta de iniciativa de ley, para que de manera consensada, organizada y orientada juntamente con las organizaciones de la Sociedad Civil se pueda promover la construcción de una nueva Ley de Desarrollo Rural Integral.
- Poner al servicio de las organizaciones de la Sociedad Civil y de la Cooperación Internacional la capacidad institucional e instalada de la Universidad de San Carlos.
 
7. Conclusiones
El acuerdo gubernativo que da vida a la PNDRI, sienta un hito histórico de cara a la demanda histórica del desarrollo rural, y se convierte en parteaguas en cuanto a la orientación por parte del Estado de Guatemala sobre el desarrollo rural. Aun así, se establece que una Política de Desarrollo Rural Integral no es suficiente de cara a las necesidades presupuestarias e institucionales y que hay que avanzar en la búsqueda de consensos para la ley.
Si bien a partir de la aprobación de la PNDRI, se han dado cambios en la situación de los indicadores de Desarrollo Rural Integral, estos no son aún significativos, aunque las razones de la poca significancia pueden variar, entre estas se encuentra un bajo espacio presupuestario, poca articulación institucional, entre Ministerios y Secretarías y políticas de Estado. De la falta de institucionalidad se desprende un nivel mínimo de obligatoriedad y capacidad de decisión sobre las acciones del plan operativo de implementación de la PNDRI, lo que repercute en la falta de financiación y por consiguiente en que no se lleven a cabo las acciones programadas en la PNDRI.
En lo que se refiere a la estrategia de territorialización en la que se le da prioridad a algunos departamentos y municipios, no sólo no obtiene los resultados esperados en dichos territorios priorizados, sino que, al focalizarse los esfuerzos, se descuidan otros. El problema es que los territorios no priorizados ya parten de una base de necesidad y, por lo tanto, los indicadores que la PNDRI tiene como objetivo mejorar, a nivel nacional, empeoran, de hecho, la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años se ha visto aumentada. Por eso se ve necesaria una partida nacional básica, que tenga como sujeto todo el territorio nacional.
Para terminar, se conoce muy poco a nivel público sobre las sesiones, decisiones y capacidad de implementación del Gabinete Técnico y del Gabinete DRI, así como de la secretaría pertinente, por lo que la auditoría social se ve dificultada. Entre estas dificultades, se encuentra la falta de información sobre la pertinencia cultural y técnico-territorial de las políticas de Desarrollo Rural Integral, imprescindible para llevar a cabo una política adecuada a las circunstancias y características rurales de Guatemala.

Redsag

2018-11-12

Análisis de la Implementación de la Política de Seguridad alimentaria y Nutricional –POLSAN-

Por Ronnie Palacios, Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria para el Desarrollo Rural Integral -OSSANDRI-
 
A continuación, se presenta la nota de análisis sobre la POLSAN, la metodología utilizada ha sido exploratoria en su etapa inicial y posteriormente se ha utilizado el método descriptivo y explicativo, todo desde un enfoque de análisis crítico. Como primera etapa, se realizó una revisión de la bibliografía existente, páginas web de las instituciones públicas a través de la Ley de Acceso a la Información pública.
 
La segunda etapa, consistió en grupos de reflexión y entrevistas con actores clave. En el caso de los grupos de reflexión y análisis se realizaron con organizaciones de mujeres. Se utilizó la entrevista como herramienta para conocer la opinión de personas expertas y de instituciones públicas, las personas entrevistadas fueron investigadoras, académicas, activistas sociales y actores claves de Chiquimula, Jalapa, Izabal, Alta Verapaz, Guatemala.
La tercera etapa fue el ordenamiento, codificación y análisis de la información estadística y presupuestaria. Para esto se elaboró matrices de vaciado y análisis, y un libro de códigos. La última etapa, se redactó la nota de análisis sobre la POLSAN.
 
En la Conferencia Mundial sobre la Alimentación (1974) se declaró que los Estados debían trabajar para erradicar el hambre, hacer valer el derecho a la alimentación y nutrición adecuada a todas las personas.
 
La Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11, párrafo 1, define el derecho a la alimentación, así también las directrices de Maastrich, las observaciones generales del comité de Derechos económicos, sociales y culturales, establecen tres tipos de obligaciones que se orientan a respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos, el derecho a la alimentación se recoge en la observación general número 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la cual es una interpretación colegiada y que orienta a los países sobre cómo implementar el pacto. Estos compromisos, constituyen instrumentos valiosos para hacer valer el derecho a la alimentación de toda persona.
 
La POLSAN constituye en marco general de política pública, al contar con lineamientos generales que dan pauta para el diseño de intervenciones para garantizar la SAN. La POLSAN es un marco estratégico que orienta para que la institucionalidad pública pueda articularse y coordinarse entre sí, pueda generar acciones de manera eficiente entre el sector pública, sector privado, sociedad civil y cooperación internacional. Dentro de las limitaciones que presenta como documento de política es la falta de temporalidad y de indicadores que permitan la evaluación de su implementación. Durante sus primeros años se realizaron acciones dispersas y no vinculadas a su implementación.
Guatemala cuenta con una serie de compromisos internacionales y nacionales en materia de SAN, la formulación de la POLSAN y la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de seguridad Alimentaria y nutricional dieron un empuje importante. Ambos instrumentos articulados y bajo la dirección del CONASAN y el apoyo técnico de la SESAN constituyen la base para encaminar intervenciones gubernamentales para garantizar a la población el derecho a la alimentación, que constituye una obligación del Estado y de toda su institucionalidad.
Como se mencionó anteriormente la POLSAN es el instrumento catalizador de política pública, el CONASAN ha logrado la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional –PESAN- y los Planes Operativos de Seguridad alimentaria y Nutricional –POASAN-, estos últimos constituyen el marco operativo anual que es construido bajo la asistencia técnica de la SESAN cada año. Para términos del presente estudio se revisarán los POASAN 2016, 2017 y 2018.
 
El PESAN como instrumento estratégico de planificación cuenta con cuatro objetivos estratégicos, van orientados para alcanzar el funcionamiento del SINASAN, el fortalecimiento de la resiliencia de la población para enfrentar las amenazas a la SAN y la implementación de acciones políticas para implementar el marco normativo de la SAN. Dichos objetivos estratégicos, tienen una visión limitada sobre el papel del Estado y sus instituciones, en especial porque un plan estratégico no puede enfocarse solamente al fortalecimiento institucional, ya que el andamiaje estatal constituye un medio para cambiar la situación actual, en especial en un tema tan sensible como lo es el derecho a la alimentación.
La Ley y el reglamento SAN establece que el CONASAN debe destinar recursos para la SAN en los planes de las instituciones de integran el SINASAN. En ese sentido se ha sido el diseño e implementación del Plan Estratégico de la SAN -PESAN- y sus Planes Operativos Anuales –POASAN-, los mismos constituyen los instrumentos técnicos de operativización de la POLSAN. Sin embargo, pese a la existencia de una institucionalidad cada vez más fortalecida, la implementación de dichos instrumentos enfrenta serias dificultades desde el Estado.
Los tres documentos que contienen el POASAN para los años 2016, 2017 y 2018, tienen como objetivo general la coordinación y articulación de las instituciones que forman el SINASAN. El objetivo busca asegurar la asignación de recursos a acciones que promuevan la SAN y dar seguimiento y evaluación a su implementación. Es decir que los objetivos son procesales y no se enfocan a alcanzar resultados concretos que puedan evidenciar impactos en la situación de la SAN en el país.
 
El POASAN 2017, es el único instrumento que cuenta con dos metas concretas, las cuales están vinculadas a los resultados país que ha definido el gobierno de Guatemala. Siendo,
¨ Reducir en 10 puntos porcentuales la desnutrición crónica al 2019, en niños menores de dos años, a partir del último dato registrado por la ENSMI 2014/2015. En el primer año se reducirá en 1 punto porcentual, a partir del segundo año en razón de tres puntos porcentuales.
¨ Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en un punto porcentual (de 15.6% en 2014/16 a 14.6% en 2019) en función de lo registrado en los informes de la inseguridad alimentaria en el mundo, producidos por la FAO. (SESAN, 2017, pág. 16)
Según Leslie Ramírez, es usual en los últimos años que los diferentes gobiernos formular planes y políticas que no han tenido un impacto significativo, valoró el inicio de los programas sociales en 2009, en especial las transferencias monetarias condicionadas, durante el programa Mi Familia Progresa, se logró dinamizar las economías locales, ya que en el área Chortí se tuvo un porcentaje alto de familias beneficiarias, comunidades completas recibieron el apoyo, lo que generó que el comercio local se dinamizara, si bien no provocó cambios estructurales era evidente la inversión social. Este aspecto se perdió en los años posteriores. (Ramírez, 2018)
 
El presupuesto asignado de la SESAN fue debilitado en 2016 y 2017, sin embargo, se aprobaron ampliaciones presupuestarias que le permitieron llegar a montos ejecutados en años anteriores, es importante que esta institución pues estar fortalecido dado su rol asesor para la implementación de la POLSAN y los POASAN.
 
Según técnicos de instituciones públicas entrevistados, un caso recurrente que puede ilustrar este problema es que los criterios con los que se asigna el caso son antojadizos o influenciados por actitudes racistas y con intereses político-partidista, en los servicios de salud de tercer nivel se concentran en la capital, este aspecto confirma que la distribución del gasto es sumamente racista y centralista. Adicionalmente, el gasto de funcionamiento es sumamente alto, no hay asignación de personal de forma racional, el personal administrativo es sumamente numeroso y el de atención directa en servicios esenciales es insuficiente. A este aspecto hay que agregarle las plazas fantasmas que en Salud y Educación serán numerosas.
La información que brinda la SESAN es evidencia concreta de la disminución de recursos que ha tenido el MAGA para 2017, en donde se ha asignado solamente el 29.8% en comparación de 2015 y, el 62.2% con respecto a 2016. En los talleres de reflexión fueron recurrentes las afirmaciones que el MAGA cuenta con extensionistas, pero no les asignan los recursos y los insumos para que hagan su trabajo, las contrataciones han sido por favores políticos o influenciadas por diputados y gobernadores, lo cual impide que hagan bien su trabajo.
 
Leslie Ramírez, afirma que la crisis alimentaria se ha agudizado debido a las deficiencias de las intervenciones del Gobierno y la baja cobertura, la visión asistencialista es recurrente. En las comunidades rurales hay carencias extremas y recurrentes, el hambre es de todos los días, existiendo hogares en donde come dos tiempos al día. Hace 20 años, la crisis alimentaria se manifestaba durante los meses de junio a septiembre, en octubre se reducía; ahora, las crisis son de junio a junio, es decir, que son permanentes. Desde el 2015, se desmantelo el sistema de atención primaria en salud, cuatro millones de habitantes quedaron sin cobertura de salud, de la noche a la mañana, hoy día esa es una problemática no resuelta, es cierto que los servicios no eran los mejores, pero ahora no se tienen. (Ramírez, 2018)
La situación de desigualdad, saca a luz tres elementos que tienen alta incidencia en que el derecho a la alimentación se vea amenazado constantemente:
 
¨ La estructura económica que se basa en un alto grado de desigualdad, es de carácter histórico y del modo de producción que radica en la propiedad privada de los medios de producción, el despojo del trabajo de la población con la precarización de los ingresos y la pérdida de los derechos laborales mínimos.
 
¨ La corrupción, que debilita la institucionalidad a través de prácticas lesivas que afectan las intervenciones de las instituciones, tales como el botín político, la lenidad administrativa, el tráfico de influencias, que generan negocios lícitos e ilícitos en las compras públicas que no logran tener impacto en la reducción de la pobreza y el hambre.
 
¨ El cambio climático, que ha afectado a la población rural, en especial a quienes producen alimentos. Estudios han demostrado que puede beneficiarse el monocultivo, afectando a pequeñosproductores.
El modelo económico de acumulación que prevalece se enfoca a proyectos extractivistas y de monocultivo, hay compromisos políticos para apoyar este tipo de inversión que crea circuitos económicos negativos, sin beneficio social para la población, se deterioran los medios de vida de la población rural e indígena.
 
A modo de conclusión, es importante reflexionar sobre la importancia de la asignación de recursos y la implementación de intervenciones eficientes y eficaces que retomen las estrategias propias que las comunidades tienen, es importante transformar la visión asistencialista y transformarla para que puedan recuperar los conocimientos ancestrales que se han ido olvidando con la colonización del pensamiento y la vida.

Redsag

2018-10-23

DECLARACIÓN FINAL EN EL MARCO DEL XII ENCUENTRO DE AGROECOLOGÍA Y ENCUENTRO DE SABIOS Y SABIAS

Declaración de Iximulew

Desde Chimaltenango, Guatemala, los pueblos wixaritari, tseltal y zapoteca de México, k'iché, kaqchikel, achi', tz'utujil, mam y q'eqchíl de Guatemala, comunidades campesinas de El Salvador, el pueblo lenca de Honduras, comunidades campesinas de Nicaragua, el pueblo bri-bri de Costa Rica, el pueblo kuna de Panamá, el Resguardo de Purasé y su pueblo kokonuko y las comunidades campesinas de Nariño y Santander de Colombia, el pueblo quichua de Ecuador, que somos cultura viva cuyas raíces siguen siendo fuertes y profundas, y que se expresa en el cuidado de la Madre Tierra, la crianza mutua del territorio en estrecha relación con los bienes y ámbitos comunes reivindicamos nuestra presencia ancestral y contemporánea ante el mundo entero. Somos hijas e hijos del maíz, somos pueblos de maíz.

Estos cuidados son nuestras formas de cultivo y alimentación tradicional, nuestros saberes, prácticas, sanación y partería tradicional, nuestros gobiernos tradicionales y de organización comunitaria que incluye la resolución de conflictos y la aplicación de la justicia de modo autónomo, nuestra relación con el territorio y los seres naturales y espirituales (incluidos nuestros ancestros) que lo conforman, nuestra lectura de los tiempos, de las lunas y de la densidad de las aguas; nuestras tradiciones y saberes expresados en el diseño de textiles, la cerámica, el vestuario, desde nuestra cosmovisión. Todos estos elementos, que configuran el tejido y complejidad de nuestro territorio, nos han permitido fundar nuestra vida comunitaria, nuestra permanencia milenaria, el mantener el legado de nuestras abuelas y abuelos, y el seguir soñando con la diversidad del mundo en condiciones de justicia y vida digna. Ésta es nuestra confianza y nuestro orgullo: nuestro modo de mirar la vida cuidando el equilibrio y la supervivencia futura de nuestro planeta.

 Hace miles de años que las sociedades humanas hemos crecido en crianza mutua con nuestros cultivos y nuestras semillas. Éstas son obra y parte de la historia de los pueblos y sus sistemas de saberes. Son más de 8 mil años de trabajo, experimentación y creatividad, y una interminable conversación colectiva con todos sus varios cuidados. Esa crianza mutua promovió formas específicas de cultivar y compartir visiones del mundo, de alimentación, de sanación, de partería, prácticas ligadas a normas comunitarias, responsabilidades, obligaciones y derechos.

La libertad de las semillas depende de la responsabilidad de los pueblos y comunidades que las defienden y mantienen, para cuidarlas y gozar de los bienes que nos brindan.

Las semillas son la base fundamental del sustento de los pueblos. Si hoy podemos alimentarnos y nutrirnos de la agricultura gozando de los sabores y la cocina, si podemos alimentarnos y sustentar a la humanidad, es porque los pueblos las cuidan, las comparten y buscan que las semillas sigan fluyendo.

Hoy hay un asalto renovado y cada vez más fuerte sobre las semillas (nuestro legado de la biodiversidad agrícola) y los saberes que les dan sentido, incluidos los complementos de saberes relacionados con el cuidado de nuestros animales.

Este ataque que pretende acabar con la agricultura campesina y originaria, acabar con la producción independiente de alimentos. Teniendo una soberanía alimentaria plena no sería tan fácil convertirnos en mano de obra barata y dependiente, en gente sin territorio y sin historia. Es una cruzada política y tecnocrática coordinada, para imponernos leyes y reglamentos uniformes y rígidos en favor de patentes y “derechos de obtención” para intereses privados. Hay un empeño en desacreditar nuestras prácticas históricas, nuestros saberes ancestrales indígenas campesinos, todos aquellos cuidados con los que resolvemos lo que más nos importa, porque les es crucial fragilizarnos, hacernos dependientes e incluso criminalizarnos, reprimirnos, encarcelarnos, desaparecernos, asesinarnos si decidimos no aceptar sus imposiciones y persecuciones.

 El centro más visible del ataque a las semillas y a lo que significan es la propiedad intelectual, son las llamadas leyes de derechos de obtentor o leyes UPOV, pero también las leyes de certificación, los registros de variedades y las leyes de comercialización.

De lo que se trata es de legalizar el abuso, el despojo y la devastación irresponsable. La privatización y el despojo se apoyan en otras normas que hoy nos imponen: normas de inocuidad alimentaria, normas de certificación de productores y ecosistemas, las mal llamadas buenas prácticas agrícolas, las nuevas oleadas de la Revolución Verde, los paquetes de agroquímicos, las normas fitosanitarias, los programas de servicios ambientales, los programas de desarrollo y financiamiento agrícola, la introducción de nuevas tecnologías y especialmente los transgénicos y la amenaza de la introducción de cultivos Terminator, la biología sintética, los encadenamientos productivos, la agricultura por contrato, los planes de ordenamiento territorial, los servicios ambientales y otras falsas soluciones a las crisis climáticas, las asociaciones con grandes empresarios, las Zonas Económicas Especiales.

Todo este desprecio es en realidad una guerra contra la subsistencia de los pueblos. Las corporaciones, los Estados y organismos internacionales, en aras del capitalismo, que nuestras posibilidades de resistir se debiliten, que abandonemos nuestros oficios y labores, nuestras tierras y nuestros territorios para dejar el campo libre al acaparamiento de nuestros ecosistemas.

Esta expulsión se expresa de una manera dramática en las caravanas de migrantes centroamericanos que surcan las carreteras como verdaderos expulsados de su vida por las empresas y gobiernos que les robaron el horizonte de su historia. Hoy buscan en esa caravana, nuevos horizontes para sobrevivir y volver a existir.

Las empresas quieren campo para instalar sumideros de desechos urbanos y tóxicos, apropiarse de todas las fuentes de agua o contaminarlas por su uso irresponsable y acaparador, imponer un sistema de extracción de minerales y energía eléctrica, eólica y solar a gran escala, y un sistema agroalimentario industrial basado en la explotación de los bosques, los monocultivos de árboles y materias primas para productos comestibles ultra procesados, productos industriales y agrocombustibles.

Para ello han diseñado tratados de libre comercio que activan sistemas de normas y regulaciones que abren margen de maniobra para las empresas y frenan la posibilidad de que la gente obtenga justicia.

Frente a ello, los pueblos originarios, con nuestra presencia ancestral, quienes reivindicamos nuestra relación con los seres naturales y espirituales, tenemos el deber y el derecho colectivo e histórico de recuperar, fortalecer y mantener el cuidado y la protección de nuestras formas de vida indígena y campesina, de nuestros saberes y derecho propio, nuestra autonomía y por ende nuestras formas de gobierno, nuestras leyes naturales o de origen, nuestros sistemas de sanación, partería y educación, nuestros cuidados del territorio, nuestras asambleas y nuestros autoridades propias, nuestras semillas nativas y nuestra agricultura tradicional campesina.

Es una responsabilidad que hemos asumido sin dudar: en todo el continente se multiplican las luchas en defensa de nuestros territorios ante el embate de las corporaciones y los contratos con los que nos quieren someter. Como corazón de la resistencia siguen estando las semillas en manos de los pueblos. Seguimos empeñados en resistir el despojo que viene de toda forma de propiedad intelectual y de las privatizaciones, seguiremos defendiendo nuestra vida ante los tratados de libre comercio y ante las políticas públicas que buscan desaparecernos o hacernos mano de obra semi esclavizada en los invernaderos del monocultivo y expulsada de su territorio.

Seguiremos cuidando, intercambiando semillas y saberes, seguiremos sembrando nuestro maíz y nuestras milpas, parcelas y chacras en toda su biodiversidad agrícola, y enseñando a nuevas generaciones cómo cultivarlas y mantenerlas. Producir nuestros propios alimentos, resolver con nuestros propios medios lo que más nos importa, nos permite la libertad necesaria para defender nuestros ámbitos y cuidados comunes, nuestras asambleas y nuestras autoridades.

Estamos comprometidas y comprometidos con la cultura que nos legaron nuestros abuelos, con nuestro planeta y los bienes naturales y seres espirituales de nuestro territorio con la vida de hoy y del futuro.

Reivindicamos y reafirmamos el papel fundamental que han tenido y tienen las mujeres en nuestra vida, por lo que estamos decididas y decididos a transformar las relaciones hacia plenas condiciones de equidad y de igualdad, comprometiéndonos a erradicar el patriarcado y todas sus expresiones de violencia.

También reivindicamos la presencia y crucial importancia de nuestros jóvenes y niños y niñas, verdadera riqueza del presente y el futuro, herederos de nuestra lucha y dignidad.

Nos declaramos en desobediencia civil contra tratados, convenios y leyes que fomentan el despojo de los bienes comunes y de los saberes de nuestros pueblos.

Saludamos la dignidad de las personas que han sido encarceladas por defender su historia, su territorio y la vida de sus hermanas y hermanos. Sabemos que estar en prisión es la demostración de su fidelidad a las luchas en que están empeñadas. Va nuestro corazón a su esfuerzo y entereza.

Nos negamos a cualquier imposición de decisiones.

Defendemos nuestros territorios libres de transgénicos, agro tóxicos, y propiedad intelectual.

Reivindicamos el reconocimiento y respeto a las decisiones de los pueblos, y reclamamos el ejercicio del consentimiento o negativa previa, libre e informada, apelando a nuestra libre determinación y autonomía.

Los pueblos originarios en resistencia, guardianes de las semillas, volveremos por miles. Desde nuestras raíces germinará nuestra presencia.

 

Encuentro de Sabias y Sabios de Semillas y otros Saberes Tradicionales

de México, Centroamérica, Ecuador y Colombia,

 

Iximulew (Tierra del Maíz)-Guatemala, 18 de octubre de 2018

Algunos fragmentos de este documento fueron extraídos de la Declaración de Yvapuruvú, en Paraguay (18 de octubre de 2013) y de la Declaración de Durban, Sudáfrica (29 de noviembre de 2015) ambas, documentos de reivindicación de las semillas nativas que reconocemos y reafirmamos.

Redsag

2018-10-16

LAS SEMILLAS CAMPESINAS E INDÍGENAS REPRESENTAN LA VIDA, LA LIBERTAD Y SU HISTORIA.

En el marco del día mundial de la alimentación, las organizaciones que forman la Red Nacional por la Defensa de la soberanía alimentaria en Guatemala (REDSAG) y las  delegaciones de Centro América, México, Panamá, Colombia y Ecuador de la red internacional “SEMILLAS”, reunidos en San Pedro La Laguna Sololá y Chimaltenango en el XII encuentro nacional de agroecología y  I Encuentro de Sabias y Sabios de las Semillas y de otros Saberes Tradicionales; Consideramos que:

La imagen puede contener: 4 personas, árbol, niños, multitud y exterior
  • La aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, en el 39º (TRIGÉSIMO NOVENO) periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos desarrollado del 10 al 28 de septiembre del 2018; legitima las luchas para la construcción y reforzamiento de la Soberanía Alimentaria, donde los valores sociales, culturales, económicos y políticos están plenamente respetados y confirmados, por ende, vemos como una acción trascendental muy importante.
  • Estamos conscientes que la agroecología y la soberanía alimentaria son estrategias que reducen los problemas de hambre en países con altos índices de desnutrición como el nuestro, pues la producción agroecológica de alimentos a nivel familiar, respetando sus sistemas tradicionales como la milpa y el huerto de traspatio, permite el consumo de alimentos agroecológicos que además de aportar los nutrientes necesarios, también fortalece la economía local al generar auto empleo e ingresos por venta de sus excedentes.
  • En Guatemala la desnutrición se incrementa con el transcurrir de los años, debido al incremento de la pobreza, el cambio climático y el poco interés de los gobiernos en turno de reconocer y resolver el problema desde las causas que le dan origen y solamente desarrollar acciones paliativas y asistenciales.
  • Es importante resaltar que el hambre y la desnutrición no se solucionan con la introducción de alimentos y el cultivo de organismos vivos modificados, debido a que estos alimentos no son inocuos para la salud humana, que puede cruzarse con algunas especies de polinización abierta de nuestra biodiversidad, que incrementa el uso de herbicidas y con ello la contaminación ambiental, erosiona los conocimientos tradicionales e impacta la economía de las familias campesinas. Es por eso que reiteramos nuestro total rechazo al Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para uso agropecuario, que publicó el 30 de Julio del 2018 el Ministerio de Economía para la consulta pública y anunció como plazo de 60 días a partir de la publicación la recepción de comentarios, mismos que ya presentamos y esperamos se les de la atención debida.

 Por lo ante expuesto exigimos que se promueva la soberanía alimentaria a través de:

  • Que el Estado de Guatemala adopte e implemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.
  • Que el Estado no permita los cultivos transgénicos y en su lugar se promueva la conservación y recreación de las semillas campesinas e indígenas.
  • Que se promuevan espacios de intercambio y se protejan los saberes tradicionales relacionados con el manejo sustentable de la biodiversidad, la producción, la preparación y el consumo de alimentos y medicinas tradicionales; ante los mecanismos de bio prospección, propiedad intelectual, registro, certificación y mercantilización que además los siguen despreciando y erosionando.
  • Que se fortalezca, promueva y no se obstaculice la producción agroecológica familiar y sus sistemas tradicionales de cultivo como el sistema milpa y los traspatios diversificados, para aumentar la disponibilidad de alimentos saludables y accesibles para toda la población.

Reconocer y atacar la desnutrición desde las causas estructurales y no mantener acciones paliativas y asistenciales que solamente benefician a quienes las promueven y concursan en su expendición, y una mayor dependencia a los alimentos importados e industrializados, y esto permite mayor corrupción en la esfera del Estado, que irrespeta la cultura alimentaría de los pueblos.                                   

Redsag

2018-10-05

XII ENCUENTRO NACIONAL DE AGROECOLOGÍA 2018 Y I ENCUENTRO DE SABIOS Y SABIAS DE LAS SEMILLAS.

Redsag

2018-10-02

Pérdidas por sequía se extienden a otras áreas del país

LEA LA NOTA PUBLICADA POR PRENSA LIBRE, SOBRE LA PERDIDA DE CULTIVOS. 

Agricultores de todo el país sufren por la pérdida de sus cultivos a causa de la canícula prologada, muchas de estas áreas están fuera del Corredor Seco y se ubican en regiones donde tradicionalmente ha llovido. 

Por Sergio Morales. 

PRENSA LIBRE.

 
Agricultores del Corredor Seco perdieron casi la totalidad de sus siembras por la sequía. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Agricultores del Corredor Seco perdieron casi la totalidad de sus siembras por la sequía. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
 
 

Prensa Libre publicó el lunes un artículo que relaciona la migración hacia EE. UU. con las sequías y falta de alimentos en el Corredor Seco; sin embargo, en algunos municipios fuera de este como Champerico, Retalhuleu, la falta de lluvias también hizo estragos.

Rony Palacios, coordinador general de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria, explicó que en elCorredor Seco los campesinos perdieron del 80 hasta el 100 por ciento de las siembras, mientras que fuera de este hay pérdidas que van desde el 35 hasta el 75 por ciento.

“En el caso de Champerico hemos constatado el 100 por ciento de pérdidas, en otras zonas de la boca costa, agricultores reportan entre el 50 y 75% de pérdidas, mientras que en lugares más fríos reportan entre 25, 30 hasta 40 por ciento”, indicó Palacios.

El activista reconoció que el caso de ese municipio retalteco es atípico porque “en general en Escuintla, Suchitepéquez Retalhuleu y la costa de Quetzaltenango y San Marcos regularmente si hay lluvia”.

Las familias de Champerico perdieron las siembras no solo de maíz y frijol, sino también de ajonjolí. “Ahí va a haber no solo problemas alimentarios, sino también económicos ya que no habrá ingresos económicos”, teme Palacios. 

Lea también: Comprar agua en toneles, la señal de que cada vez escasea más el agua en la metrópoli

Un mapa de lluvias proporcionado por el Instituto Nacional de Sismología Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) muestra cómo el oriente del Corredor Seco fue el área más golpeadas por la sequía en donde en ciertas regiones no llovió durante 57 días o más de forma consecutiva.

 

En el mapa también se observa que municipios de Huehuetenango como Malacatancito, San Sebastián, Santa Bárbara, Chiantla y la cabecera también están dentro de los que menos llovió; así como Champerico, Retalhuleu; Sacapulas y Cunén, Quiché; el sur de Baja Verapaz, y los municipios del oriente de Sololá.

Abelino Mejía, líder comunitario de Champerico, indicó que, si bien es cierto, los programas asistencialistas son necesarios, lo que más demanda la población son políticas de mediano y largo plazo para afrontar las sequías que cada vez son más constantes.

Precisó que en todo el municipio cuatro mil 800 familias que residen en 53 comunidades fueron afectadas. Las pérdidas se estiman en Q32 millones, algunas familias perdieron el 80% de las siembras.

Añadió que la entrega de semillas e insumos, así como la implementación de programas de huertos familiares y de riego serían más importantes para las comunidades que la asistencia, puesto que esta casi siempre se politiza. Recordó que en el 2014 hubo otra sequía que afectó fuertemente a la agricultura y que las autoridades entregaron ayuda y luego se olvidaron de ellos.

Mejía indicó que debido a las pérdidas en la agricultura y la falta de trabajo las familias comienzan a migrar hacia EE. UU.

“Muchos se están yendo para México otros buscan llegar a Estados Unidos porque realmente no hay empleo, acá las agroindustrias nos tienen de rodilla porque no le dan trabajo a la gente de aquí por no pagar prestaciones y traen a gente de otros lugares que la explota”, criticó.
 
Se vulneran derechos

Andrea Aldana, defensora del Derecho a la Alimentación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, consideró que las autoridades de gobierno deberían elaborar un plan sostenible para que las familias del Corredor Seco no sufran cada año por las pérdidas de su alimentación.

“Si hubiera una estrategia sostenible no estaría pasando esto”, explicó Aldana para quien también es urgente que el gobierno lleve asistencia humanitaria a los afectados para sobrevivir, ya que de lo contrario se estarían vulnerando el derecho humano a la alimentación.

“De la mano de la asistencia alimentaria hay que ir pensado en una intervención sostenible”, agregó Aldana.

Lea también: Disponibilidad de agua será cada vez menor, revela estudio

Cantón Valencia en Jutiapa, otra de las áreas afectadas por la sequía. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Cantón Valencia en Jutiapa, otra de las áreas afectadas por la sequía. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Estado de Calamidad

Aunque autoridades de Gobierno habían informado que ayer se instalaría una mesa técnica para analizar la viabilidad de declarar un Estado de Calamidad, no se conoció más información.

No se supo si el tema fue discutido en la reunión de gabinete y tanto el ministro de Agricultura, Mario Méndez-Montenegro, como personal de comunicación del Maga no atendieron las llamadas telefónicas.

Recientemente, esa cartera dio a conocer que es una prioridad de la gestión del ministro Mario Méndez-Montenegro la implementación de programas de mini riego.

Sembradío en Jocotán, Chiquimula. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Sembradío en Jocotán, Chiquimula. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Este año se han inauguraron proyectos en Asunción Mita, Jutiapa; El Rancho y El Jícaro, El Progreso; y en San Jerónimo, Baja Verapaz. Se espera inaugurar unidades de riego este año en Atescatempa, Jutiapa y en La Fragua, Zacapa. Con estos proyectos se beneficiará a 24 mil familias.

Además, en 2019 se inaugurarán otras 11 unidades que proveerán de agua a 20 mil agricultores.

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Un campesino de San Pedro Pinula muestra sus pobres cosechas de maíz. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Un campesino de San Pedro Pinula muestra sus pobres cosechas de maíz. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Redsag

2018-09-28

REDSAG" presentó su rechazo a la implementación de los transgénicos en Guatemala.

"REDSAG" presentó ante el Ministerio de Economía su rechazo al Reglamento de Organismo Vivos Modificados (TRANSGÉNICOS).

REDSAG" presentó ante el Ministerio de Economía su rechazo al Reglamento de Organismo Vivos Modificados (TRANSGÉNICOS).

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Redsag

2018-08-21

QUEREMOS UNA GUATEMALA LIBRE DE TRANSGÉNICOS

QUEREMOS UNA GUATEMALA LIBRE DE TRANSGÉNICOS

 

Representantes de comunidades y organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales, nos reunimos hoy para  analizar, tomar posición y proponer acciones sobre el Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para uso Agropecuario puesto a “consulta pública” por el Ministerio de Economía del Gobierno de Guatemala el día 30 de julio de 2018.

 

Al respecto, concluimos:

Somos defensoras y defensores de la red de la vida, cultura, el territorio, conocimientos ancestrales,  tradicionales  y la biodiversidad y por lo tanto nos compete estar atentos y alertas ante cualquier intento de despojar y menoscabar la vida, la cultura, el territorio, la biodiversidad, y, en general, los derechos de nuestros pueblos.

Guatemala es un país  reconocido en el concierto de las naciones como un país origen de la diversidad biológica (megadiverso), lo que significa que tenemos una gran riqueza en materia de diversidad biológica. Este hecho  está directamente relacionado con la gran diversidad cultural de los pueblos, pues somos los pueblos quienes hemos mantenido y protegido esta diversidad históricamente y el Estado de Guatemala y sus instituciones únicamente han realizado acciones de despojo en nuestra contra.

El modelo socioeconómico dominante actualmente, representado por el capitalismo más neoliberal, constituye una amenaza a  la diversidad biológica y cultural de los Pueblos  y Comunidades Indígenas de Guatemala. Amenaza que se concreta en diversos tratados internacionales de libre comercio, que se traducen en instrumentos regulatorios para concentrar, extraer, expoliar, privatizar, mercantilizar y monopolizar los bienes naturales, como las iniciativas de obtenciones vegetales, de propiedad intelectual, de bioseguridad de uso de organismos vivos modificados, el Convenio de Diversidad Biológica y sus protocolos correspondientes. Todos estos tratados buscar facilitar la liberación de tecnologías, productos, insumos, y alimentos nocivos a la salud humana y animal, y a la economía y cultura de nuestros pueblos.

Hoy tenemos a la puerta una nueva amenaza como lo es la propuesta del Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para uso agropecuario. Esto lo interpretamos como otro intento del gobierno de Guatemala para cumplir con el Protocolo de Cartagena para complacer a las empresas nacionales y transnacionales que se dedican al negocio de las semillas transgénicas, afectando la cultura y la vida de nuestros pueblos.

Recordamos que los transgénicos  constituyen un riesgo a la salud puesto que contienen porciones genéticas inestables, porciones genéticas creadas con genes de resistencia a antibióticos, porciones genéticas de resistencia a herbicidas y riesgos comprobados a la agricultura en países como India, México, Argentina, Estados Unidos, Canadá y otros, tales como proliferación de supermalezas, genes suicidas, muerte de polinizadores, pérdida de biodiversidad y variedades nativas. 

Ya en 2014 la movilización comunitaria y popular logró la derogatoria de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales (popularmente conocida como Ley Monsanto) por ser lesiva a los intereses de la población guatemalteca. La convocatoria promovida por el Ministerio de Economía no es un mecanismo de búsqueda de consentimiento libre e informado, como lo establece como requisito indispensable el artículo 19 del Convenio sobre Diversidad Biológica,  asimismo como lo establece el cuerpo legal en materia del derecho de Consulta establecido por el Convenio 169 de la OIT y  otros instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. Pueblos originarios, así como la Constitución Política de la República de Guatemala.

Además contraviene lo establecido en el Artículo 31 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas que estable: Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

Por lo anterior:

  1. Rechazamos este nuevo intento por permitir el tránsito, importación, exportación, cultivo, comercialización y utilización de Organismo Vivos Modificados (transgénicos) para consumo humano y animal en Guatemala.
  2. Instamos a todas los pueblos, comunidades y organizaciones a rechazar esta nueva amenaza a la vida y biodiversidad en nuestro país. Llamamos al Estado guatemalteco y su institucionalidad a respetar los principios del derecho internacional en materia de derechos humanos y materia ambiental, tales como: Principio Precautorio, Pro natura y Pro Persona; que son de observancia obligatoria para los Estados.
  3. Exigimos al Ministerio de Economía y demás autoridades del Ejecutivo encargados de aprobación del reglamento en mención, para que se abstengan de dicha aprobación y no generen iniciativas o propuestas para reglamentos futuros sin consulta a la población.
  4. Reiteramos el llamamos al Congreso de la República a legislar para prohibir los transgénicos en Guatemala, emitir la Ley para la Protección de la Biodiversidad, interpelar al Ministro de Economía y anteponer y respetar los intereses de los pueblos y habitantes de Guatemala.

Alianza Nacional para la protección de la Biodiversidad (ANAPROB); Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI); Asamblea de Pueblos por el Agua, la Vida y el Territorio; Asociación Nacional de Productores Certificados de Guatemala; Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez (AFEDES); Bufete para Pueblos Indígenas; Campaña Guatemala Sin Hambre; Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación, Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, Colectivo de Estudios Rurales Ixim; FIAN Guatemala; Fundación Guillermo Toriello, Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Desarrollo Rural Integral (OSSANDRI); Colectivo Madre Selva; Red Nacional de Soberanía Alimentaria de Guatemala (REDSAG); Semillas Nativas y Criollas de Guatemala (SENACRI); Asociación para el desarrollo Comunitario –SIEMBRA- Movimiento Nacional de Tejedoras-  Ruchajixik ri qana´qbal- Consejo Maya Mam Saqtx´otx´; Asociación para la promoción y el desarrollo de la comunidad (CEIBA); SERJUS; ASOCUCH; Pastoral de la Tierra Diócesis San Marcos; Defensoría del Consumidor; Comité Campesino del Altiplano (CCDA);  Asociación de Agricultores Las Ilusiones (AGRIDIVI JALAPA); Plataforma humana Sector de Mujeres; Plantones por la Dignidad, Otra Guatemala Ya; Foro Nacional de Mujeres; Agricultores de San Vicente Pacaya Escuintla; Sector de Mujeres; Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango (ADH), Facultad de Agronomía (FAUSAC).

 

Guatemala, 21 de agosto de 2018

Redsag

2018-08-07

CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE PÉRDIDA DE CULTIVOS.

CONFERNCIA DE PRENSA DEL COLECTIVO POR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SOBRE PÉRDIDAS DE CULTIVOS EN GUATEMALA.

Redsag

2018-08-02

Pérdida de cultivos en Champerico, Retalhuleu 2018

Comunidades de Champerico, Retalhuleu, perdieron sus cultivos, por la falta de lluvia en la región.

Redsag

2018-07-20

Experiencia de éxito en procesamiento de alimentos y soberanía alimentaria.

Redsag

2018-07-04

Taller Derecho a la Alimentación y Nutrición.

Con el fin de reforzar los conocimientos sobre el derecho integral de la alimentación, organizaciones aliadas y que forman parte de la Red Nacional por la Defensa de La Soberanía Alimentaria en Guatemala “REDSAG” desarrolló el taller sobre la lucha por el derecho a la alimentación y nutrición.

Los participantes señalaron que la alimentación es la base de la vida y que la lucha comunitaria y territorial, tiene como elementos articulador la alimentación. Los elementos bases por el derecho a la alimentación se enfoca en el acceso a la tierra, agua, bosques, microclimas, territorio, entre otros.

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Redsag

2018-07-03

Mercado Agorecológico de Sayaxché, Petén.

Con el fin de promover el intercambio y comercialización de productos agroecológicos en el municipio de Sayaxché, Petén, organización y productores agroecológicos de la región promueven cada mes el mercados agroecológico y el consumo de alimentos orgánicos.

 

Redsag

2018-06-27

MERCADO AGROECOLÓGICO EN CHIMALTENANGO.

Redsag

2018-06-14

Convocatoria Alta Verapaz.

Redsag

2018-05-24

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Redsag

2017-06-05

Transmisión en vivo.

Escuche la transmisión en vivo de la caminata por la defensa del agua, por esta via. http://fger.org/2017/06/05/comunidades-defienden-el-agua/

Redsag

2017-04-21

LUCHA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS NATIVAS Y CRIOLLAS

En el marco del día internacional de la Tierra (cada 22 de abril) las organizaciones que hacemos parte de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, “REDSAG”, vemos que lamentablemente los bienes naturales relacionados con la producción de alimentos como el agua, la tierra y la biodiversidad, están cada vez más contaminados, disputados y explotados.

Las semillas nativas y criollas de nuestra biodiversidad están amenazadas por diversas estrategias que buscan patentar y comercializar los conocimientos ancestrales e introducir las semillas transgénicas, a través del intento de aprobación del Reglamento de Organismos Vivos Modificados por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas “CONAP” y la implementación del proyecto ABS, que busca sistematizar los conocimientos ancestrales, y ponerlos a disposición de las empresas corporativas de semillas para que los utilicen.

Las semillas nativas y criollas son legados importantes de las comunidades indígenas en Guatemala, debido a que los abuelos y las abuelas heredan estas semillas a sus hijos e hijas con el fin de promover su defensa, preservación y conservación. En la cosmovisión maya las semillas ancestrales son sagradas y representan la raíz y el corazón de la cultura milenaria.

Es importante recordar que en el 2014 la población en general desarrolló una serie de acciones, que permitió la derogación de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, sin embargo, la estrategia de la privatizar las semillas nativas y criollas e introducir el cultivo y comercialización de semillas transgénicas en Guatemala fue concentrado en la Política de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados y su reglamento. Hasta la fecha dicho reglamento aún no ha sido aprobado.

Ante lo expuesto, las organizaciones que forman parte de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala “REDSAG” y organizaciones aliadas, demandamos a las instituciones del Estado:

  1. La NO aprobación del reglamento de Organismos Vivos Modificados
  2. La suspensión inmediata del programa “ABS”
  3. La prohibición del uso de agro tóxicos en la agricultura, debido a que es uno de los causantes del deterioro de la biodiversidad.
  4. Respetar las prácticas de defensa y protección de las semillas nativas y criollas que promueven los pueblos indígenas y campesinas de Guatemala.

 

Redsag

2017-04-05

Noticia

DECRETO  LEGISLATIVO 6-2014 QUE APROBÓ EL PROTOCOLO DE NAGOYA, PROMUEVE LA PRIVATIZACIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

 

El protocolo de Nagoya se genera del convenio sobre diversidad biológica, este convenio busca la conservación de la diversidad biológica, la utilización de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos, fue negociado en la conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo “Cumbre de la tierra” en Río Janeiro el 5 de junio de 1992 y entró en vigencia el 29 de diciembre de 1993.

 

El 29 octubre del 2010 en una reunión de la conferencia de las partes,  celebrada en Nagoya, Japón, se adoptó el protocolo de Nagoya sobre el acceso recursos genéticos y participación Justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización al convenio sobre la diversidad biológica.

 

El 12 de enero del 1996 fue publicado en el diario de Centro América de Guatemala el decreto 5-95: ratificación del Estado de Guatemala del convenio sobre la diversidad Biológica y el tres de marzo del 2014 fue publicado el decreto legislativo 6-2014 que aprobó el protocolo de Nagoya.

 

El protocolo de Nagoya promueve las condiciones sobre el otorgamiento de concesiones, regalías, acceso para las investigaciones y el derechos de propiedad intelectual sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, sin consultar y tomar en cuenta la visión y el posicionamiento de los pueblos indígenas frente la privatización y comercialización de la biodiversidad y los conocimientos ancestrales.

 

En la actualidad los organismo el Estado han acordado mecanismos para establecer las condiciones de acceso y participación de beneficios que se derivan de los recursos genéticos (que incluye semillas nativas) y conocimientos tradicionales  asociados a esté, además  de  aquellas  condiciones  sobre  las cuales se  va a desarrollar el uso de los recursos, que para  el caso de Guatemala desvirtúan las  formas  de  administración  de  los recursos  comunes  en lo que respecta  a  biodiversidad  en las comunidades  indígenas de Guatemala, pues, estos mecanismos no incluyen la consulta y participación de los pueblos mayas, garífunas, xincas y mestizas de Guatemala, ni toma en cuenta las  propias  formas de administración de  los conocimientos tradicionales  que  han  sido  desarrollado y  adaptados  por  cada uno de  los  actores  comunitarios  involucrados  en su desarrollo  y  conservación,  como lo son  las  autoridades  ancestrales, las  comadronas, los  agricultores, las  mujeres, los   guías  espirituales,  entre  otros.

 

El protocolo también plantea bajo  las  consideraciones  de  “soberanía” de  los  Estados,  la   libre  disposición  sobre  los  recursos  genéticos y   conocimientos  tradicionales,  estableciendo  procedimientos  burocráticos  y discrecionales, sobre  su  utilización e  inclusión parcial de  los pueblos indígenas respecto a las  condiciones  de acceso,  determinado  por  el  desarrollo jurídico  institucional  de   estricta  negociación,  los mecanismos de control sobre   bioprospeccion que desarrollaría  este. Para  lo cual,   son  evidentes  las  amenazas del protocolo  de  Nagoya  en lo que respecta  a:  rompimiento  de  las  practicas de organización  ancestral  sobre  el manejo de  los recursos genéticos y conocimientos  tradicionales  de  acuerdo  a  su  propio  sistema jurídico, la   división comunitaria, por la forma  en que se  condiciona  acceder  a los beneficios,  no se  considera   el principio  de precaución  de  acuerdo  a los  sistemas  de organización y  vida  desde  la  cosmovisión de los pueblos indígenas, la  monopolización  y privatización  de las  formas  en que las  comunidades  “están con la  madre  tierra,  defendiendo  los  derechos de  la tierra.

 

En la actualidad, dentro de la repartición y acceso de los beneficios, se están otorgando contratos de acceso a recursos genéticos y ya existen otorgamientos de  contratos de acceso a  recursos genéticos  en territorios  indígenas, sin la debida información y consulta  sobre  los procesos, esta  situación genera condiciones  que   facilitan  la  ruta  para  el otorgamiento de patentes sobre  el  conocimiento tradicional  asociado a la medicina tradicional y semillas nativa.

 

La empresas transnaciones y nacionales están generando un nuevo mecanismo de despojo del territorio, mediante la privatización y comercialización de la biodiversidad, las semillas nativas y criollas y al conocimiento tradicional, para lograr sus objetivos utilizan instrumentos legales que excluyen los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas y las autoridades ancestrales.

 

La forma en que se aprobó el decreto 6-2014 fue inconstitucional, debido a que en el congreso de la república se pasó como moción privilegiada y de urgencia nacional, para esto se requería de las dos terceras partes de los votos, sin embargo, cuando se adquirió la memoria de sesiones, son se alcanzaron los votos requeridos, esta situación, evidencia la inconstitucionalidad en la aprobación de este decreto.

 

La inconstitucionalidad, las amenazas a la biodiversidad y los conocimientos ancestrales, motivó a las autoridades ancestrales de los Pueblos mayas, Garífunas, Xincas y Mestizos, La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala “REDSAG” y La Alianza Nacional por la Protección de la Biodiversidad –ANAPROB—Plantear ante la Corte de Constitucionalidad un recursos de inconstitucionalidad contra el decreto que aprobó el protocolo de Nagoya y exigieron su  expulsión dentro del ordenamiento jurídico. El 16 de Junio, la corte de notificó sobre la suspensión provisional del decreto y concedió audiencia por quince días comunes al Congreso de la República de Guatemala, al Consejo Nacional de Áreas Protegidas “CONAP” y al Ministerio Público por medio de la fiscalía de Asuntos Constitucionales.

 

Junto con el protocolo de Nagoya, las entidades del Estado también están promoviendo el protocolo de Cartagena, este protocolo, es otro instrumento que promueve la liberación, la experimentación, la comercialización de Organismos Vivos Modificados en Guatemala. Derivado a esto el Organismo Ejecutivo mediante el acuerdo gubernativo 207-2014 le dio vida a la Política Nacional de Bioseguridad de los Organismo Vivos Modificados 2013-2023, y en la actualidad el Consejo Nacional de Áreas protegidas “CONAP” impulsa una serie de talleres para socializar el Reglamento de Organismos Vivos modificados.

 

 

 

 

 

 

 

 

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2017-04-05

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